ITEM II de la convocatoria a discutir en el 3er encuentro de congreso Allendista.

Lectura obligada para los Allendistas.

EL PROGRAMA

El Poder Popular

Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.

El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno.

Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por          otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo. El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país.

En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de:

• Preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores; y
• transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.

La profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores

El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes.

Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder. Por ejemplo, en las instituciones de previsión y de seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados.

En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento. Pero no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en los organismos del Estado.

Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.

Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado.

El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado. Ésta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto a la que acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con la coerción ejercida contra el pueblo.

El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado.

El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los marcos legales.

El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real descentralización administrativa, conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales.

Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociéndoles la autoridad que les corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en interacción con las Juntas de Vecinos y coordinadas entre sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provinciales.

La policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de represión contra el pueblo y cumpla, en cambio, con el objetivo de defender a la población de las acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento policial de manera de garantizar efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser humano. El régimen carcelario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe ser transformado de raíz, con vista a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido.

UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL: EL ESTADO POPULAR.

La organización política

A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder.

Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal.

Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.

La Asamblea del Pueblo será la Cámara Única que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.

Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial como el parlamentarismo corrompido.

Normas específicas determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos, con el fin de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria.

A fin de establecer la debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular y de que ésta pueda expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se efectuarán en un proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo.

La generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos y analfabetos.

Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y todo organismo de representación popular estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos.

Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades que conduzca al término del mandato o la privación de su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas responsabilidades se desempeñen como gestor de intereses privados.

Los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirán un sistema nacional de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y racionalizar la acción del Estado. Los planes con que opere deberán ser aprobados por la Asamblea del Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema de planificación.

Los organismos regionales y locales de poder del Estado Popular ejercerán autoridad en el radio geográfico que les corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y sociales. Podrán, además, entregar iniciativas y ejercer la crítica a los organismos superiores.

Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los organismos regionales y locales deberá ajustarse a los marcos fijados por las leyes nacionales y por los planes generales de desarrollo económico y social.

En cada uno de los niveles del Estado Popular se integrarán las organizaciones sociales con atribuciones específicas. A ellas les corresponderá compartir responsabilidades y desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el examen y solución de los problemas de su competencia. Estas atribuciones no implicarán limitación alguna a la plena independencia y autonomía de las organizaciones.

Desde el día mismo que asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que se exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la administración estatal.

Éstos serán pasos decisivos para la liquidación del centralismo burocrático que caracteriza al sistema de administración actual.

La organización de la justicia

La organización y administración de la justicia debe estar basada en el principio de la autonomía, consagrada constitucionalmente y en una real independencia económica.

Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de sus miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema judicial.

Entendemos que la nueva organización y administración de justicia devendrá en auxilio de las clases mayoritarias. Además, será expedita y menos onerosa.

Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa.