LAS CIFRAS ECONÓMICAS QUE NOS LLEVAN A REAFIRMAR EL VOTO EN CONTRA EN EL PRÓXIMO PLEBISCITO
El INE acaba de entregar los resultados de la IX Encuesta de Presupuestos Familiares, que se toma en las capitales regionales del país. Este estudio se realiza cada cinco años dado el compromiso país adquirido con la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y constituye el principal insumo para la actualización de bienes y servicios, que componen la canasta de productos para el cálculo del IPC y sus respectivas ponderaciones. También se usa para definir la canasta básica de alimentos y el valor umbral de la línea de la pobreza por ingreso de Chile, además se usa para numerosas investigaciones y publicaciones de instituciones públicas, privadas y académicas sobre calidad de vida, nutrición y otros temas más.
Para el presente estudio, la medición se llevó a cabo entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 y se encuestaron 15.134 hogares, en siete comunas de las 16 capitales regionales. El anterior estudio se llevó a cabo entre julio de 2016 y junio de 2017 y sus datos se han utilizado para realizar interesantes comparaciones.
Los datos concretos que nos entrega el último estudio son los siguientes: el ingreso promedio es $1.413.349 por hogar encuestado, dichos ingresos provienen principalmente de trabajo dependiente, trabajo independiente y pensiones que perciben los integrantes de dichos grupos familiares. En relación a la anterior encuesta existe una diferencia significativa, ya que actualizando este ítem a marzo de 2022 (que es el mes central de la IX encuesta), en esa ocasión el ingreso promedio fue de $1.470.999. Quedando claro que los salarios se han estancado notablemente en los últimos 5 años, a diferencia de los precios de los alimentos de primera necesidad y los servicios básicos y vivienda.
El gasto por hogar promedió $1.451.782, mientras que la mitad de los hogares gastaron 1,1 millones de pesos. Las principales alzas se dieron en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 21,2% (en la anterior encuesta este ítem registró un gasto de 19,2%); en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, donde dichos hogares destinaron un 16% de sus ingresos a cubrir este gasto (en la anterior oportunidad el gasto fue de 14,5%); en seguros y servicios financieros que registró un desembolso de 4,5% del presupuesto familiar, a diferencia del anterior que para el mismo gasto consignó un 3,5% de dicho presupuesto. El gasto destinado a transporte se ubicó en un 15% para la muestra escogida. Otro dato que nos aporta la encuesta: el alimento de mayor presencia en los hogares encuestados, es el pan con un consumo de 15.7 kilos mensuales en promedio.
Los descensos en los gastos que se percibieron como más relevantes, fueron: educación, que en el actual estudio cifró el gasto en un 4%, mientras que 5 años antes la cifra había sido de un 6,5%; el gasto en el rubro recreación, deportes y cultura fue de 4,4% y antes se encontraba en 5,3%; en vestuario y calzado, los hogares encuestados gastaron un 2,8%, mientras que antes dedicaban 3,5% a este ítem.
Más cifras de interés: el quinto quintil de nuestra población, que es el de más altos ingresos, presenta un ingreso que supera los 3,2 millones de pesos, en cambio, sus gastos no superan los 2,5 millones de pesos; mientras que el primer quintil, que representa a los hogares de menores ingresos, registra ingresos por $462.503 y su gasto mensual se sitúa en $901.162. Queda en evidencia que los hogares de mayores ingresos, gastan más que los de menor capacidad económica y presentan ingresos significativamente superiores a su gasto, fenómeno que no se da en los quintiles más bajos.
Resulta significativo que haya aumentado el gasto en alimentación y disminuido en educación. Si baja el gasto en educación, es porque muchos no pueden pagar ni siquiera una educación medianamente de calidad en un establecimiento pagado, teniendo que recalar en la educación pública gratuita que no recibe la suficiente ayuda económica estatal, una ayuda que le permita mejorar la infraestructura, los sueldos de los funcionarios y que procure un cambio en el paradigma educacional, un paradigma que prepare ciudadanos para un modelo económico de sociedad desarrollado y no como los que salen hoy en día de esta misma educación: ciudadanos preparados sólo para ser subordinados de los que se educan en los colegios y universidades de élite.
Está claro, que es caro el diario vivir de los chilenos. Que la alimentación suba su participación en el gasto mensual de nuestros hogares, obedece no a que comamos más, sino a que los alimentos en general son más caros, especialmente los de primera necesidad. Que el dinero destinado a los gastos en vivienda, servicios básicos y combustibles se vea incrementado se debe a lo mismo, sobre todo cuando las empresas que nos proveen de dichos servicios son privadas y están en manos de consorcios internacionales extranjeros, que tienen como finalidad el lucro, valiéndose para ello de la especificidad de dichos servicios, puesto que constituyen monopolios especiales, por denominarlos de alguna forma, ya que si un ciudadano no está conforme con la calidad de dicho servicio o con la tarifa que le cobran, no puede cambiarse de compañía de gas, de electricidad o de agua, quedando todavía más en desventaja ante estos colosos, quienes pueden negociar leyes y otros tratos con la autoridad, valiéndose de sus ejércitos de expertos en diversas materias legales, tributarias y otras. Los mismos colosos que pueden cobrar favores y que pueden presionar a parlamentarios de diferentes colores políticos gracias a los aportes financieros que hacen a sus campañas políticas. Dichas empresas que en el pasado eran de propiedad estatal, que brindaban un buen servicio, que eran rentables, que tenían miles de puestos de trabajo y bien remunerados, con buenos beneficios, pero que primero fueron paulatinamente privatizadas por la dictadura de Pinochet y luego por los gobiernos concertacionistas, provocando un tremendo daño a nuestro Estado y al bienestar de la población.
Las grandes transformaciones económicas de los últimos cincuenta años, se llevaron a cabo de la mano de la masacre de nuestro pueblo gracias al gentil auspicio del imperialismo norteamericano, de la élite política y empresarial chilena, más los inestimables servicios del Alto Mando castrense de la época encabezado por el dictador Augusto Pinochet. Pero estas grandes transformaciones que dieron origen al modelo de Estado que tenemos, un modelo Neoliberal, fue perfeccionado por los gobiernos concertacionistas que no sólo se dedicaron a la administración del mismo por veinte años, sino que también se abocaron a la tarea de hacerlo cada vez más rentable. Si bien es cierto, ello trajo crecimiento económico, una mejora importante en la capacidad económica de las familias chilenas y una disminución interesante de los niveles de pobreza en que nos dejó la dictadura. Pero como contraparte, también es cierto que profundizó las desigualdades sociales y económicas, haciendo aún más ricos a los ya de por sí multimillonarios nacionales y extranjeros. Nuestra pobreza de hoy, no tiene comparación con la de hace 50 o 40 años atrás, pero sigue siendo pobreza.
Hoy es caro parar la olla, así lo demuestra el estudio en cuestión, para lograrlo se necesita mantener trabajo estable (algo que en ocasiones es cíclico, puesto que los trabajadores estamos expuestos a los vaivenes de la economía nacional e internacional, que no están bajo nuestro dominio), se necesita sobre endeudarse para poder mejorar nuestras condiciones de vida y poder acceder a una vivienda digna, para poder educar de la mejor forma a los hijos, para poder solventar enfermedades graves o catastróficas, significa trabajar jornadas extenuantes que nos agotan, nos desgastan, que merman muchas veces nuestra salud física y mental, así como también significa aguantar condiciones laborales precarias y por último, significa estar desprotegidos ante el abuso patronal.
Este modelo de Estado no nos sirve porque precariza el trabajo, porque la parte del león en el reparto de la torta, se la llevan los dueños del país; porque el sistema parlamentario reproduce la desigualdad que padecemos como sociedad, con políticos corruptos o indiferentes a los sufrimientos de la población, políticos que defienden sus intereses de clase o los de la clase que les paga. Estamos en crisis hace rato, la rebelión Popular del 18-O desnudó las debilidades de este modelo, desnudó la incapacidad de nuestra clase política de hacer bien la pega, desnudó que los ricos son cada día más ricos y no les interesa el bienestar de los chilenos; desnudó que las Fuerzas armadas y policiales, son instrumentos de represión al servicio de la clase dominante, como ha ocurrido por siglos. Pero también ha desnudado la incapacidad de las fuerzas del cambio de generar exactamente eso: Un Cambio. Un cambio que signifique un mejor país, un país más democrático o auténticamente democrático, que ponga en el centro de sus preocupaciones el bienestar de su población; necesitamos con urgencia generar un instrumento que represente y aglutine a la mayor cantidad de organizaciones que estén verdaderamente por la transformación de esta sociedad. El 18-O demostró justamente esa incapacidad y ausencia: el no contar con un instrumento de conducción para construir un mejor país.
La clase política, porque ya es prácticamente eso: una clase, ha sido capaz de retomar el timón de este barco, a pesar de que hubo un momento en que parecía desahuciada, absolutamente desprestigiada y próxima a ser pasada a llevar por la fuerza de los acontecimientos. Sin embargo, se recompuso y maniobró con destreza y astucia salvaguardando la institucionalidad capitalista, así como a Piñera; ello permitió el acuerdo cupular para darle cauce a la crisis y llamar a un plebiscito vinculante, que decidiera mediante el voto si se quería o no, una nueva Constitución y qué tipo de órgano debía redactarla, en el caso de resultar ganadora la opción por una nueva Carta Magna. Todo terminó en una estrepitosa derrota el 4 de septiembre de 2022, una derrota para quienes esperábamos poder cambiar Chile con un proceso inédito en nuestra historia como país. Hoy, nuevamente la clase política tiene la conducción del nuevo proceso constitucional, liderada por la extrema derecha republicana que aliada con Chile Vamos, nos entrega un texto peor que el que actualmente nos rige, para ser votado el próximo 17 de diciembre.
El voto EN CONTRA, aparece como una real alternativa de triunfo, frente a un texto que pareciera estar hecho a la medida de la élite que nos gobierna. Esta opción es la que nos representa a todos los que vivimos de nuestro trabajo, que creemos en un país mejor, que buscamos mejorar las condiciones de vida de la población, que queremos que el centro de las preocupaciones de un nuevo modelo por construir, sea el ser humano y sus necesidades. Para todos los que queremos que en futuros estudios no nos sigan entregando cifras económicas, que sólo nos llevan a constatar el deterioro de nuestra calidad de vida, votar EN CONTRA es no solo un voto de castigo a las élites que nos gobiernan, es reafirmar que no estamos de acuerdo que se haya pasado por encima de la voluntad popular expresada el 18-O, esa mayoría popular que votó en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 por la redacción de una nueva Constitución, mediante un órgano 100% electo de manera democrática. En definitiva, es gritarles en su cara que no son más que una casta que no cree realmente en la democracia, que amañan dicho concepto a su antojo, para seguir gozando de los privilegios propios de una minoría parásita.
IGNACIO ORTÍZ
